La Ciencia de la Política

Ciencia Política para la ciudadanía del siglo XXI


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La otra descentralización pendiente en Chile: las provincias y las Gobernaciones

 

Dentro de un Estado centralista y centralizado, los procesos de descentralización y regionalización que se han producido a lo largo del siglo XX, han puesto el énfasis en dos estructuras del Estado: las regiones y las comunas.  Las provincias y sus gobernaciones parecen haber quedado el limbo del olvido y del silencio.   Este artículo describe las condiciones y propuestas resultantes de un taller de trabajo institucional efectuado el 28 de julio recien pasado en la Gobernación Provincial de Magallanes, para analizar el centralismo y proponer medidas de descentralización administrativa.

La falta de descentralización o, dicho en otros términos, la persistencia del centralismo, afecta por igual a las Intendencias regionales, las Gobernaciones provinciales y las Municipalidades.   La desigualdad territorial tiene un correlato en el servicio público, asociado a la carencia de atribuciones y facultades suficientes para la toma de decisiones de asuntos, problemas y demandas a nivel de provincias y de Gobernaciones.

En un taller de trabajo institucional efectuado en la Gobernación provincial de Magallanes, en el que participaron los jefes de unidades y responsables de programas, se efectuó una evaluación crítica del persistente centralismo que afecta a las decisiones de las Gobernaciones Provinciales, acentuadas por las dificultades de la lejanía geográfica que afectan a la región de Magallanes.

 Las propuestas recogidas en este taller se centraron en la adopción de medidas de descentralización administrativa y descentralización fiscal en la perspectiva de contribuir a generar condiciones para un servicio público de mejor calidad, pensando en primer lugar en los ciudadanos.

MATRIZ DE TAREAS Y FUNCIONES Y PROPUESTAS DE DESCENTRALIZACIÓN

Identificación del problema y descripción de las tareas y operaciones que realiza cada unidad del servicio Autoridad, funcionario y/o servicio que toma la decisión final de cada operación o tarea Qué se propone descentralizar?
  •  

    Presentación de solicitudes de permanencias definitiva de ciudadanos extranjeros.

     

     

     

    Departamento de Extranjeria del Mininterior. Se propone que la recepción de la documentación original se haga desde cada gobernación. Que se fije un calendario y se fija un plazo de respuesta. Traspasar la decisión de permanencia a la propia Gobernación.Digitalizar las solicitudes de permanencia definitiva de ciudadanos extranjeros.Destinar una parte de los recursos presupuestarios para las Gobernaciones al respectivo Departamento de Extranjeria.

     

    PROYECTOS SOCIALES. Se propone la distribución de recursos presupuestarios a nivel provincial. Priorización de los proyectos en la propia Gobernación. Centralizar un solo concurso, y que la priorización, evaluación y selección de proyectos se haga en las Provincias. Plazos acotados de decisión de las postulaciones.Los criterios de admisibilidad de los proyectos sociales deben ser definidos a nivel regional y provincial, para los proyectos sociales.Generar procesos ex post de evaluación y monitoreo de los proyectos y fondos sociales entregados por la Gobernación.

     

    Observaciones de los proyectos deben ser enviadas primero a las Gobernaciones.

     

    PUESTOS FRONTERIZOS. Unidad de Pasos Fronterizos. En cuanto a la asignación de recursos para financiar el funcionamiento de los puestos fronterizos, se propone que se realice un solo depósito por el total del monto asignado a cada Gobernación, al principio del año fiscal respectivo.Crear un fondo de emergencia para este item.
    PROGRAMA TU GOBIERNO EN TERRENO.Estructura del programa es rígida en relación con las actividades anuales. Se propone que las actividades de este Programa se programen en la propia Gobernación conforme a las necesidades y prioridades detectadas en cada provincia.Se propone flexibilizar la forma de ejecutar el gasto.
    FINANZAS Y PRESUPUESTOS.Programas en general de presupuesto. Hay autoridades nacionales de Programas que autorizan sin estar autorizados para ese gasto.Presupuesto GPM sub título 29 denominado “compra de activos no financieros”.

     

    GET: uso de los recursos.

     

    CTA comité de coordinación, no cuenta con recursos para su gestión, pero debiera contar con una asignación presupuestaria en el presupuesto de la Gobernación, para su mejor gestión.

     

    CFIA: Situación similar a lo que acontece con el GET.

     

     

     

     

     

    Nivel central asigna montos de recursos y cualquier cambio dentro de este ítem debe ser autorizado por el nivel central.

     

    GET: Encargados nacionales disponen y/o autorizan el uso de recursos sin tener facultad para ello, haciendo caso omiso del Manual y Compendio de Presupuesto y gastos.

     

    CTA: Coordinador Nacional del Comité Técnico Asesor.

     

     

     

     

    Cambio de ítem debiera ser de facultad del Gobernador Provincial.

     

     

     

    Decisión y responsabilidad de Gobernador, pues se cuenta con la asignación de recursos y los manuales de operación del Programa.

     

     

     

    Teniendo asignación de recursos, debiera ser el Gobernador Provincial quién tenga la facultad de su uso, basándose en lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, para la ejecución de los gastos.

     

    Se propone que se sectorialicen y definan los tipos de catástrofes conforme a la realidad geográfica y climatológica de cada región y provincia.Comité provincial de emergencia. Coordinador provincial en la provincia de cabecera regional.Dotar de facultades y de recursos al coordinador provincial de emergencia.

     

    AYUDAS SOCIALES. Decisión a partir de una evaluación social de cada caso.Se propone que en materia de otorgamiento de ayuda social por razones de urgencia médica en la forma de pasajes aéreos, puedan ser decididos desde la región por su condición de aislamiento.Que esos recursos se entreguen al comienzo del año fiscal respectivo.

     

    Se propone que las Gobernaciones puedan recibir una mayor cantidad de recursos anuales para ayudas sociales.

     

    Evaluación provincial de la asignación de las ayudas sociales.

     

     

    ADMINISTRATIVA.

     


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    Ciencia Política y ciudadanía en el siglo XXI

    Las transformaciones tecnológicas, sociales y políticas en curso en nuestra sociedad contemporánea, desde fines del siglo XX, constituyen retos mayores para la Ciencia Política.

    La mundialización de los intercambios, de la información y del uso de las tecnologías TICS, la dilusión de las fronteras y las soberanías, la crisis del Estado nacional, la emergencia de nuevos movimientos sociales y ciudadanos y las nuevas formas de ciudadanía y de identidades, el surgimiento de nuevos actores en la escena internacional (regiones de países, naciones sin Estado), son parte del escenario fluido y cambiante que caracteriza a la Política en las primeras décadas del siglo XXI.

    De todos los cambios que ocurren en la escena política, puede afirmarse que las dos transformaciones mayores, son la expansión del uso de las TICS y el surgimiento de nuevas formas de ciudadanía al interior de cada sociedad.   Las nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía, se inscriben en la lógica de exceder los límites del sufragio y se despliegan asociadas al territorio, a las identidades, a las pertenencias de género, a los nuevos patrones culturales de referencia, a la vinculación histórica con los espacios geográficos.

    Ambos procesos ponen en cuestión algunos de los fundamentos de la Ciencia Política tal como ha sido entendida hasta el presente: por un lado, el análisis y la comprensión de los procesos políticos necesita ahora de nuevos parámetros y premisas, para dar cuenta de la complejidad, de la realidad y del funcionamiento de las instituciones políticas en su relación con la ciudadanía y las exigencias de legitimidad y eficiencia; y por el otro, el surgimiento de nuevas formas de ciudadanía, pone en tensión la lógica Estado-nación y la unidad de ambos componentes.

    Hoy resulta que la legitimidad de las instituciones políticas y de los mandatarios elegidos no resulta solamente del carácter democrático de su elección, sino también de la calidad de las decisiones que adoptan, en relación con las aspiraciones, urgencias y necesidades de la ciudadanía.

    La Ciencia Política del siglo XXI apunta hacia una ciencia de la ciudadanía, a una ciencia de la política y de lo político que expanda el foco del análisis hacia las nuevas formas de relación y de poder entre los ciudadanos y el aparato del Estado, que invierta del sentido analítico de la ciencia politológica, poniendo al ciudadano en el centro de las categorías de análisis.

    El poder está en manos de los ciudadanos, aunque el Estado se haga más omnipresente y aunque los ciudadanos no lo sepan.

    La política del futuro es una política en red y en movimiento.

    CIUDADANIA E INFORMACIÓN: LA NUEVA ECUACIÓN DEL PODER.

    El ciudadano del siglo XXI entiende la política y el rol de las instituciones no solo desde la lógica ¨demandas-soluciones¨ o del clientelismo, sino también desde la necesidad de la transparencia y del acceso a la información y a los procesos de toma de decisiones, cuestionando de paso las modalidades de participación limitada existentes al presente.

    La interrogante si los ciudadanos de hoy están más o menos informados que en décadas pasadas resulta casi irrelevante en las condiciones de la política real, en las primeras décadas del siglo XXI: si está más informado, reclamará más y mejor información, y si no lo está hoy, estará más informado en un futuro cercano.

    Para la nueva Ciencia Política, la interrogante del poder sigue vigente.   El poder sigue residiendo en instituciones y aparatos organizacionales complejos, pero la toma de conciencia de los ciudadanos acerca de su propio poder constituyente y soberano, es parte del proceso de formación de nuevas formas de ciudadanía y de la formación de nuevas formas de hacer política.  El poder es ahora información y se manifiesta en redes de creación, elaboración y distribución/circulación de la información, las que permiten poner en movimiento a los ciudadanos hacia el logro de sus aspiraciones.

    Hay poder donde hay organización capaz de ponerse en movimiento, y donde hay información capaz de poner a la organización en movimiento.

    El poder en el siglo XXI será un poder ciudadano, basado en la información y ejercido en forma de movimientos y de redes construidas sobre la base de la circulación de la información y de la capacidad de influir e incidir en la toma de decisiones.

    Las identidades (nacionales, regionales, locales), entendidas como conjunto de valores, creencias, relatos, historia, geografía y costumbres comunes y compartidas, se vuelven esenciales para comprender a los ciudadanos y su asentamiento en el territorio, a contrapelo de la globalización y de sus lógicas universales.  El ciudadano puede pensar global, pero siente y vive local.   La geografía se inscribe en la historia y en el presente, y gira alrededor de las identidades como expresión de culturas subyacentes y subalternas respecto de los patrones de referencia nacionales y globales.

    Colocado el ciudadano en el centro de la reflexión política, las interrogantes para la Ciencia se vuelven diferentes: cuales son los grados de poder y de influencia de los ciudadanos en la política?, cómo inciden los ciudadanos en la toma de decisiones de las instituciones políticas?, cuál es el sentido de la política con los ciudadanos involucrados en la decisión de los asuntos políticos?, es la política un asunto de expertos y de especialistas o también es una dimensión irremplazable de la vida social?, lo público es político?, son las instituciones representativas suficientemente legítimas desde el punto de vista de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones?, la participación ciudadana es un trámite o es una necesidad permanente de las instituciones del Estado?…

    REFERENCIAS.

    Rheingold, H.: Smart Mobs: the Next Social Revolution. 2002.

    The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. 2000.

    Making Political Science Matter: Debating Knowledge, Research, and Method. New York and London: New York University Press.

    pluma


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    El otro tsunami: redes, multitudes y ciudadanías en movimiento

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    El presente ensayo tiene por objeto hacer un rápido examen a las principales variables politológicas capaces de servir como categorías de análisis para comprender el actual período de incremento de las manifestaciones y las demandas ciudadanas, tanto en Chile como en otras regiones del mundo.

    Es probable que sociedades en vías de desarrollo como muchas en América Latina y democracias representativas incompletas como la chilena, estén asistiendo al preludio de un nuevo período de incremento de las manifestaciones ciudadanas como resultado de una combinación de temas pendientes y de problemas sociales y políticos no resueltos.

    ¿Qué tuvieron en común las manifestaciones ciudadanas por el gas en Magallanes en enero de 2011, con la multitudinaria revuelta egipcia de febrero, con las acampadas de manifestantes en España y el creciente movimiento ciudadano y juvenil en Chile contra algunos proyectos medioambientales, por la educación pública gratuita y una asamblea constituyente?

    Esta es una…

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    La institucionalización de la Política

    Una de las diferencias fundamentales que se manifiestan entre los Estados  modernos y los Estados pre-modernos, es la tendencia a la institucionalización de la acción política.   No se trata de olvidar el papel y la centralidad de la ciudadanía en los problemas públicos y el asunto tampoco se refiere a la falsa dicotomía entre “la calle y las instituciones¨: el eje fundamental de la acción política sigue orientándose en y hacia las instituciones y muy en especial en esta institución de instituciones que es el Estado.

    REGULARIDAD Y CONTINUIDAD.

    La política se institucionaliza allí y cuando se organiza, se articula y se radica en instituciones, a las que definimos -para los efectos de este ensayo- como entes organizacionales colectivos e impersonales sujetos a normas, a procedimientos y a protocolos estables y conocidos, que perduran en el tiempo más allá de los individuos que las integran.   Regularidad y continuidad son las claves fundamentales de las instituciones: regularidad en el sentido que todas las acciones se ajustan a reglas pre-establecidas y comunes a todos, y continuidad en el sentido que toda la acción pública, que el conjunto de la función pública actúa bajo una lógica de proceso, de procesualidad, o sea, de un contínuo ininterrumpido de decisiones impersonales que aseguran la continuidad y la permanencia de la institución.

    Las instituciones crean historia (y no solo su propia historia) y operan como mecanismos complejos de reproducción social que  cristalizan y mantienen reglas y construyen alrededor suyo imaginarios simbólicos que, a su vez, se autoreproducen en el tiempo y en el espacio social y político.

    Entre las instituciones políticas ocupan un lugar especial los partidos políticos: fuerzas sociales organizadas políticamente con una vocación de poder y de representación de determinados intereses políticos y de clase.  Los partidos muestran diversos grados de organización e institucionalización y por eso se puede afirmar que mientras más organizados y estructurados sean los partidos que integran el sistema de partidos, mayor nivel de institucionalización muestra el sistema político.

    Desde este criterio, por ejemplo, podríamos diferenciar a los partidos políticos, entre partidos institucionalizados, con estructuras normadas, procedimientos establecidos y reglas estables, y partidos o movimientos no o menos institucionalizados que operan como aglomerados de grupos e individuos alrededor de una idea, un líder o un caudillo.

    Desde una perspectiva global, la política se institucionaliza para y en el Estado.

    De todos modos, en el tiempo actual, la política no ocurre solamente en las instituciones ni en los partidos, en un momento de la historia contemporánea donde emerje con fuerza la política ciudadana, como práctica colectiva de cuestionamiento, de propuesta y de resistencia.  Desde esta perspectiva, los actores de la política ciudadana pueden considerar a las instituciones del poder y del Estado como recursos para promover y fortalecer sus propias agendas y aspiraciones, para trasladar las demandas ciudadanas al plano de las políticas públicas.

    La política de la ciudadanía no se opone a la política en las instituciones salvo que éstas se constituyan en un cerrojo decisional o que su orígen esté marcado por la ilegitimidad.

    Aún así persiste la centralidad del Estado en el proceso político.

    LA DIALÉCTICA DEL ORDEN Y EL MOVIMIENTO.

    No hay otro lugar en la sociedad moderna desde donde se pueda hacer política, si dicha praxis no se traslada -en algún momento del proceso político- a la esfera institucional de decisiones y de mando y al marco organizacional desde donde se elabora, se decide, se implementa y se realiza la política pública.   El Estado es la forma principal de institucionalización de la acción política, aunque no la única, desde que -según propone Burdeau- el Estado no es solamente un aparato de servicios que se articulan en la institución, sino que es el regulador de la dialéctica del orden y del movimiento. (Burdeau, G.: L Etat. Traité de Science Politique, vol V. Paris, 1970. Editions du Seuil, p. 104).

    Las instituciones proporcionan el espacio organizacional y normativo desde donde las demandas  y aspiraciones de la ciudadanía pueden transformarse en políticas públicas, desde donde el poder ciudadano no se agota ni desaparece, sino donde encuentra (aunque sea provisoriamente) el cauce formal para que se materialicen en decisiones y en soluciones.   La dialéctica de orden y movimiento que relaciona a la ciudadanía y el aparato del Estado, no reside solamente en la legitimación que ésta otorga a las autoridades y representantes mediante el ejercicio del sufragio, sino sobre todo por la incidencia que tienen los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de la política pública.

    Desde una perspectiva institucionalista, las instituciones son procedimientos, formales e informales, rutinas, normas y convenciones incrustadas en estructuras organizacionales dentro del sistema político.  Por su parte, desde un enfoque sociológico, las instituciones pueden ser comprendidas como sistemas de símbolos, mapas cognitivos y patrones morales que proveen “marcos de significado” para guiar la acción humana en política.

    A su vez, desde un enfoque de la elección racional las instituciones son  aquellos arreglos que proveen certeza, información, facilitan la coordinación y, consecuentemente, reducen costos de transacción. Las ven como mecanismos que estructuran las opciones de los individuos, quienes a su vez actúan como agentes racionales:  las instituciones son el resultado de un acuerdo voluntario entre los actores relevantes; desde este punto de vista, las instituciones existentes son el producto de un proceso de selección competitivo donde sólo las que ofrecen más beneficios a la sociedad pueden persistir.

    Manuel Luis Rodríguez U.

    PARA SABER MAS:

    LA CIENCIA POLITICA Y LOS TRES NUEVOS INSTITUCIONALISMOS

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    ¿Cómo pasar de la regionalización a las autonomías regionales? – Notas para un debate pendiente

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    PREFACIO.

    Este ensayo aborda desde una perspectiva de la Ciencia Política, un análisis propositivo acerca del tema del proceso de paso desde la regionalización a las autonomías regionales.   Son algunas notas que intentan aportar conceptos e ideas para un debate político, programático e ideológico que sigue pendiente

    Punta Arenas – Magallanes, octubre 15 de 2013.

    Manuel Luis Rodríguez U.

    VARIAS REGIONALIZACIONES INCOMPLETAS.

    La Historia de Chile es la historia de un Estado que nunca ha sido regional ni regionalizado.

    Obedeciendo a su larga impronta hispana y colonial, heredada de la matriz borbónica del siglo XVII, el Estado de Chile durante la colonia y en sus 200 años de independencia, ha sido un aparato institucional centralizado y gobernado por una autoridad unipersonal con rasgos monárquicos, pero al que hemos denominado Director Supremo o Presidente de la República.

    Chile es un pais de regiones y de provincias con un Estado que…

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    Una nueva Constitución Política para el Chile del siglo XXI

    LOS PARÁMETROS DEL DEBATE POLÍTICO ACERCA DE LA CONSTITUCION.

    El nudo gordiano de la política chilena, el punto crucial del desarrollo político e institucional en el Chile del presente, se encuentra en la Constitución Política de 1980.

    Marco jurídico superior instaurado bajo la doctrina de la seguridad nacional y articulado como un conjunto institucional de conservación del sistema económico neoliberal y de un orden político con un Estado centralizado y un régimen político presidencialista y vertical, la Constitución Política de 1980, cualquiera hayan sido los adornos  y retoques de que ha sido objeto en los largos años de la transición política chilena, sigue siendo el modelo político y jurídico de un sistema institucional de corte autoritario, centralizado y que desconfía de la ciudadanía.  La Constitución de 1980 nunca dejará de adolescer de su peor “pecado original”: la de haber sido la hechura preferida de la dictadura más prolongada y violenta de la historia política de Chile.

    La Constitución de 1980, defendida a ultranza por los sectores políticos mas conservadores del sistema, se ha constituido en el factor clave de la exclusión de distintos sectores y segmentos de la ciudadanía, en el modelo de reducción del rol económico y estratégico del Estado y en el factor decisivo en la configuración de poderes que, operando bajo una lógica democrática, deben actuar dentro de límites restringidos.  La democracia no es el resultado de la Constitución de 1980, sino que la consecuencia del triunfo ciudadano de 1988 (el plebiscito de octubre de 1988 estaba en realidad en manos de la decisión política del dictador), a pesar y no obstante la Constitución vigente.

    Pero a medida que ha transcurrido el tiempo de su vigencia, la percepción de que este marco constitucional contiene nudos conservadores y trabas objetivas a la evolución democrática de la sociedad, ha ido creciendo lentamente, primero en la ciudadanía y después en los actores políticos.

    El debate constitucional vuelve a generar un campo de debate público, académico y político, en que se separan por un lado, quienes postulan la necesidad de defender el sistema en su estado actual, bajo el argumento de la estabilidad institucional, y por el otro, quienes postulan la necesidad de cambiar el marco constitucional en nombre del perfeccionamiento de la democracia y de la incorporación de herramientas cada vez más participativas dentro de una democracia representativa que presenta crecientes carencias.

    Entre estos dos campos del debate político y constitucional, es previsible el surgimiento de un tercer campo, orientado hacia la regulación y la gradualidad de los cambios, hacia la mediación y la búsqueda de puntos de equilibrio que permitan que el cambio constitucional no genere climas o coyunturas de inestabilidad e ingobernabilidad.

    La estabilidad que ha caracterizado al sistema político chileno desde 1990 en adelante ¿puede atribuirse a la estructura institucional fijada por la Constitución?  Muy probablemente no, ya que la serie de a lo menos diez reformas constitucionales que han tenido lugar desde 1989 en adelante -la Constitución de 1980 va a cumplir 30 años en dos años mas- indican que este cuerpo jurídico ha tenido que ser modificado, reformado, ajustado, adaptado a los imperativos de una democracia que se hace gradualmente más inclusiva en una sociedad en plena mutación cultural y social.

    Pero es necesario reconocer que la estabilidad de las instituciones -que sirve de argumento a la retórica conservadora en el Chile político de hoy- encuentra su razón profunda en la forma de hacer política y en la cultura política de los actores principales del sistema y no en la arquitectura de las instituciones consagradas por la Constitución.   Esta carta constitucional nació dotada de una serie de estructuras e instituciones francamente autoritarias como el Tribunal Constitucional, los senadores designados, las proscripciones ideológicas, la incapacidad presidencial para cambiar a los Comandantes de las FF.AA., la tutela militar deliberada de las FF.AA. y consagrada a través del Consejo de Seguridad Nacional, y han sido las fuerzas democráticas las que han ido “recortando” gradualmente en el texto original, estas excrecencias autoritarias incompatibles con una sociedad que se democratiza.

    Aún así, el texto constitucional sigue siendo democráticamente imperfecto.

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    Un presidencialismo con rasgos parlamentaristas

    Cualquiera sea el futuro Presidente de la República, a partir del 11 de marzo de 2010 el nuevo gobernante enfrentará un escenario político-institucional nuevo: el de un Congreso Nacional mucho más diverso e ingobernable.

    Uno de los componentes esenciales de la gobernabilidad que ha mostrado el sistema político chileno desde 1990 en adelante, a pesar de un Constitución Política rígida, de un sistema electoral anticuado, excluyente  e inmovilizado y de la existencia mas o menos estable de dos coaliciones políticas mimetizadas por la política de los consensos, es que el Gobierno (en este caso de la Concertación), había contado o con mayoría suficiente en una de las dos cámaras legislativas (en la Cámara de Diputados) o con la posibilidad cierta de alcanzar acuerdos  con la derecha política.

    La gobernabilidad del actual período de esta interminable transición democrática, venía asegurada porque había un Poder Legislativo en casi perfecta sintonía con el programa presidencial que aplicaba el Ejecutivo (sin olvidar que los propios programas presidenciales de ambas coaliciones -en 2000 y en 2005- tenían más similitudes que diferencias).

    Pero, todo “paraíso” tiene una puerta de salida…

    DEL EQUILIBRIO ESTABLE AL EQUILIBRIO INESTABLE

    Ese esquema de “equilibrio estable” -basado en el entendimiento básico entre las dos coaliciones políticas sistémicas-  se rompió gradualmente desde 2005 en adelante, con los sucesivos desgajamientos de parlamentarios desde las filas de la Concertación y algunos de la Alianza, dando forma a un esquema de “equilibrio inestable” en que el Gobierno ha tenido que negociar con más de una bancada parlamentaria, para lograr salir adelante con sus proyectos de ley.

    La “desgobernabilidad” de la Concertación en el plano legislativo, no le impidió seguir negociando proyectos claves de su programa presidencial con la alianza de derecha (AUGE, Ley General de Educación, Ley de Pesca…) simplemente por que estaba allí para lograr acuerdos y porque esas nuevas leyes no cuestionaban el poder económico de la derecha, pero abrió el abanico de los apetitos y de las “agendas personales“, le hizo perder la mesa de la Cámara de Diputados y del Senado a manos de parlamentarios de derecha y deja abierto un escenario distinto para el próximo período legislativo.

    DE UN PRESIDENCIALISMO A SECAS A UN PRESIDENCIALISMO PARLAMENTARISTA

    No es solamente que la Concertación y la Alianza no puedan garantizar que sus propios diputados y senadores sean leales seguidores de las propuestas legislativas del Ejecutivo (en una democracia en serio, los parlamentarios no son entes serviles, sino legisladores que responden a sus electorados y a muchos otros intereses), sino sobre todo se pone de manifiesto que en el marco de un presidencialismo absoluto y centralizado -como el que mantiene la Constitución de 1980- asistimos en el Chile de hoy a nuevos aires de fronda parlamentaria en los que la Cámara o el Senado pueden negarle un item del Presupuesto al Gobierno para hacer presión en favor de ciertas demandas sociales o ls bancadas en sí mismas no aseguran fidelidad ni unanimidad de sus propios parlamentarios.

    Creemos que este escenario de presidencialismo con rasgos parlamentaristas se va a acentuar entre el 2010 y el 2014, con un Congreso Nacional en el que habrán 3, 4 ó 5 bancadas parlamentarias distintas y donde, por lo tanto, la obtención de mayorías legislativas suficientes será más arduo y complejo.

    Estará dado entonces, como ya se ha sugerido en los años recientes, un cuadro político en que el Congreso Nacional podrá hacer un uso más intensivo de las acusaciones constitucionales y de las interpelaciones, para poner en entredicho la política presidencial y sus ministros.  Ya la Alianza por Chile ha dado un par de “lecciones notables” en esta materia, de manera que en un Gobierno de Frei Ruiz Tagle con mayoría aliancista en la Cámara, o en un gobierno de Piñera con mayoría concertacionista en el Congreso, el uso de las interpelaciones y acusaciones será parte habitual del arsenal de esta guerra larvada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

    Es posible incluso afirmar que, según quién gane la elección presidencial en 2010, la “coalición perdedora podría atrincherarse” en el Congreso para frenar los impetus del Ejecutivo y jugar su propia política con miras a la elección presidencial de 2o14, bajo la lógica del “equilibrio de los poderes”, el clásico y estadounidense “check and balance”.

    ¿Volveremos al activo e inestable juego de bancadas parlamentarias, como en los tiempos del parlamentarismo (1891 – 1925), ahora entre “bancadas de geometría variable” de los conservadores, liberales, aliancistas, discolos, concertacionistas, independientes, neoliberales, reformistas, ecologistas, izquierdistas, progresistas, indigenistas, regionalistas, comunistas, post-concertacionistas, socialistas disidentes…?

    Bienvenidos al nuevo caleidoscopio parlamentario.

    Manuel Luis Rodríguez U.

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