El cambio del régimen político en Chile: una tarea pendiente de la transición democrática

PREFACIO

¿Es posible el cambio de régimen político en Chile hoy? 

¿Es posible siquiera pensar el cambio del ordenamiento institucional chileno en las condiciones de un modelo de régimen político presidencial que ha funcionado históricamente desde casi dos siglos desde las Constituciones de 1818 y 1833?

¿Porqué el tópico del cambio del régimen político en el Chile republicano vuelve periódicamente al debate académico, político y legislativo?   En estos momentos una comisión de estudios en la Cámara de Diputados examina nuevamente esta materia de tanta trascendencia en el orden político chileno.

El problema del régimen político ha sido examinado cada cierto tiempo, las más de las veces cuando las crisis políticas e institucionales han agobiado a la clase política y han embotado inexorablemente la necesaria tranquilidad para estudiarlo y decidirlo racionalmente.  Posiblemente, el debate sobre el régimen político en Chile, puede ser considerado como el antecedente lógico del análisis de una nueva Constitución Política para esta nación.

Este ensayo tiene por objeto examinar una concepción del cambio de régimen político en Chile, a la luz de un conjunto de consideraciones y de categorías de análisis de orden histórico y politológico.

EL TOPICO DEL CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO EN CHILE 

Al momento de iniciarse la actual transición democrática en Chile, a fines de la década de los 80′s y principios de la década de los 90′s, si había un consenso mayoritario en la clase política chilena, fuera del consenso de la necesidad imperiosa de reconstruir un sistema político democrático y de terminar con la dictadura, era el imperativo de dar los pasos necesarios para examinar un cambio de régimen político en la institucionalidad del país.

El propósito estratégico de modificar el régimen político vino sin embargo a verse sustituido gradualmente, por el requerimiento de consolidar el propio proceso de transición, congelando indefinidamente las reformas estructurales de mayor alcance, en beneficio de aquellos consensos políticos suficientes para garantizar la estabilidad de las instituciones del Estado chileno.  Como ha ocurrido con frecuencia en nuestra historia política republicana, la táctica y el corto plazo, vinieron a absorver casi por completo la estrategias y el largo plazo.

Asi entonces, la reforma del régimen político ha ido quedando postergada a medida que la transición democrática ha ido transitando desde la política de los consensos, propia del período Aylwin y Frei-Ruiz Tagle, hasta la política de los dos bloques dominantes, propia de la administración Lagos y Bachelet.  

Aún así el problema del régimen político en Chile, no puede encerrarse en el mero diagnóstico de los momentos tácticos que han vivido los sucesivos gobiernos de la transición, pero ello implicaría circunscribir el problema a una coyuntura prolongada que solo ha servido para conservar y prolongar la permanencia de las instituciones del régimen presidencial, no obstante las tentativas de descentralización y de modificaciones parciales acecidas desde 1990 hasta el presente. 

UNA TRANSICIÓN NO TRANSITORIA, SINO CASI PERMANENTE

Cualquier estudio del tema del cambio de régimen político en el caso chileno implica necesariamente un juicio de la transición democrática.

El libro “Políticas Públicas en Democracia. Institucionalidad y experiencia chilena. 1990-2006″ de Edgardo Boeninger, pone de relieve e ilustra  precisamente los términos de referencia en los cuales se dio comienzo a la transición democrática en Chile y la forma cómo este modelo de transición determinó crucialmente su evolución futura inmediata y clausuró por tiempo indefinido la posibilidad de siquiera examinar el cambio de régimen.

Pero el examen de la transición como objeto de análisis solo se puede relacionar con el tópico del cambio del régimen político en Chile, en la medida en que la transiución solo incorpora ciertos elementos adicionaldes a la reflexión sobre dicho cambio.  En lo esencial, ambos topicos se vinculan en la medida en que el sistema institucional construido a partir de la Constitución Política de 1980, instala un conjunto de rigideces políticas e institucionales que dificultan, entorpecen y pueden contribuir a retardar la perspectiva  del cambio de régimen político.

La transitoriedad permanente de la actual transición democrática es probablemente el tema que mejor trasluce la importancia del tema de la necesidad de modificar y mutar de régimen político, porque a la insatisfacción de las tareas democratizadoras aun pendientes, se suma el descrédito ciudadano respecto de las instituciones políticas y democráticas y la sensación de que las instituciones actuales no alcanzan a sintonizar completamente con las nuevas aspiraciones, demandas y cambios experimentados por la ciudadanía en el actual proceso de transición a la modernidad que vive la sociedad chilena.

El desfase creciente entre institucionalidad política y ciudadanía o sociedad civil, se hace cada vez más evidente y persistente, y esta brecha de legitimidad afecta directamente por un lado, a la fidelidad democrática de la ciudadanía y por el otro, a la eficacia de las instituciones para responder a los nuevos tiempos.

Cada vez que se evoca el tema del régimen político, aparece también con frecuencia el tópico de la estabilidad-inestabilidad, como un fantasma que persigue al régimen político chileno que, aun cuando ha manifestado una notable estabilidad en el tiempo (largos períodos de estabilidad por ejemplo en el siglo XIX a partir de la vigencia de la carta de 1833 o en el siglo XX entre 1930 y 1973 bajo la Constitución de 1925), pero puntuadas con dramáticos saltos al vacío (como las guerras civiles de 1850, 1859, 1891, la crisis de los años 1920-1930 y el golpe militar de 1973), lo que permite afirmar a ciertos autores y analistas que el régimen presidencial se correspondería más adecuadamente a la cultura política chilena, que necesitaría un  sistema político fuerte y vertical que asegure la estabilidad del orden político. 

Si aceptamos esta perspectiva debería aceptarse también que la transición actual, ha sido en realidad un largo y lento proceso de acomodo y adaptación de las fuerzas políticas y sociales a un sistema institucional concebido para permanecer y para perdurar, no obstante los cambios sociales y culturales que ocurren a su alrededor, una suerte de castillo institucional inexpugnable que trata de mantenerse inalterable en sus bases fundamentales, aunque todo a su alrededor (cultura, costumbres, hábitos, estilos de vida, concepciones individuales y sociales, paradigmas) cambie.  

La fortaleza  (en el doble sentido) de la Constitución de 1980 reside tanto en su serie interminable de cerrojos de resguardo (concebidos bajo la ideología de la seguridad nacional que la inspira), sino también que la mayor parte de la clase política en el poder, ha terminado aceptándola y aplicándola como el mal menor, mal que se ha convertido -por la fuerza del uso, la aparencia de estabilidad y la costumbre- en un bien mayor.

Pero al cerrarse el cerrojo de los cambios al modelo institucional (en los inicios de la transición, por las causas ya conocidas) se ha convertido a esta transición transitoria en una verdadera y elástica transición interminable, en un proceso sin fin en que no llegamos nunca a la democracia plena tan anunciada.

UN MODELO POLÍTICO E INSTITUCIONAL CENTRALIZADO

¿Es posible caracterizar el modelo institucional construido desde 1973 hasta 1990?

El modelo institucional heredado del régimen dictatorial y plasmado en la Constitución de 1980, se caracteriza por el presidencialismo exacerbado, el centralismo de los procesos de toma de decisiones y por una arquitectura institucional que privilegia y otorga mayores atribuciones a las autoridades unipersonales en desmedro de los órganos colegiados o colectivos de poder en el Estado.

Este es el Estado construido en dictadura y administrado a lo largo de la actual transición, desde 1980 hasta el presente: una estructura política e institucional caracterizada por el presidencialismo, la centralización organizacional y decisional, y la personalización del poder sobre los órganos colegiados.

Pero, además, nuestro modelo institucional es profundamente tributario de la historia política e institucional del país, herencia acumulada de gobiernos, estilos de administración y formas de organización del Estado arraigados en la cultura cívica y en la propia impronta de las instituciones, muchas de las cuales han ido evolucionando a lo largo de casi dos siglos de historia republicana, pero conservando tradiciones y herencias provenientes de los tres siglos de historia colonial.

Al revisar la Historia se pueden descubrir otras constantes del sistema político chileno: una de ellas, es la casi inveterada confrontación a la que llegan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el contexto de un régimen marcadamente presidencial y presidencialista.  La crisis del gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda en 1891, la crisis del Presidente Arturo Alessandri en 1920 y la crisis del Presidente Salvador Allende en 1973 puede ser interpretadas también, desde el punto de vista del choque institucional entre un poder presidencial “amenazado” por la oposición política atrincherada en el Congreso Nacional utilizado como el último baluarte de la legalidad cuestionada.  

Dicho de otra manera, una institucionalidad construida  a “golpes de Historia”…

Las quejas de los Presidentes Balmaceda en 1891, Arturo Alessandri en 1920, Jorge Alessandri en 1964 y Salvador Allende en 1972 y 1973, contra un parlamentarismo más o menos larvado de la clase política, podrían considerarse como copias repetidas sucesivamente del mismo sentido de la autoridad presidencial sometida a los embates de la fronda parlamentaria.

A la hora de analizar el problema institucional del régimen político chileno no puede tampoco olvidarse que prácticamente todas las Constituciones republicanas que el país ha tenido, han sido en primera y ultima instancia el resultado dramatico de crisis profundas del sistema político y, a la vez, construcciones elaboradas por los respectivos vencedores (políticos sociales y/o militares) de cada una de esas crisis. 

La Constitución de 1818 es la obra del vencedor de Chacabuco y Maipu; la Constitución de 1833 es el edificio levantado por la oligarquía portaliana de la guerra civil de 1831; la Constitución de 1925 surge de la crisis de los años 20′s de la mano de Arturo Alessandri; y la Constitución de 1980 es la obra de los militares vencedores a través del golpe militar de 1973. 

Vista la historia de Chile en su conjunto, puede afirmarse que en el Chile republicano, todas las Constituciones Políticas han sido las Constituciones de los vencedores, lo que siempre pone en entredicho su legitimidad ante la ciudadanía.  ¿Eso significa que cada generación se puede preguntar por una nueva Constitución y un nuevo régimen político a partir de una critica integral a la Constitución Política vigente?

Después de interrogarnos acerca del régimen político que debiera tener el Estado de Chile, será hora de entrar en el debate para una nueva Constitución Política acorde con las realidades y cambios del siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y DOCUMENTALES

Boeninger, E.: POLITICAS PUBLICAS EN DEMOCRACIA. INSTITUCIONALIDAD Y EXPERIENCIA CHILENA. 1990 – 2006.  Santiago, 2007.  Ediciones Uqbar.

Boeninger, E.: DEMOCRACIA EN CHILE: LECCIONES PARA LA GOBERNABILIDAD.   Santiago, 1997. Ed. Andres Bello.

Coppedge, M.: PARTY SYSTEMS.  GOVERNABILITY AND THE QUALITY OF DEMOCRACY IN LATIN AMERICA. N.York, 2001.  Kellog Institute.

ENCICLOPEDIA DE CHILE. Vol. 3.  Barcelona, 2000.  Ediciones Oceano.

Walker, I.: DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA. Santiago, 2006.  Cieplan. Documentos de Trabajo.

Manuel Luis Rodríguez U., Cientista Político

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2 thoughts on “El cambio del régimen político en Chile: una tarea pendiente de la transición democrática

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