La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate

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El libro “La democracia en América Latina” del PNUD, publicado en 2004, conserva una particular actualidad acerca de los grandes procesos sociales, culturales y políticos que afectan a los sistemas democráticos en esta región del mundo.

Publicamos su versión pdf en extenso:

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Notas para una Historia Constitucional de Chile 1811-1925

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Entre 1811 en el proceso de la Independencia y 1925 se suceden en nuestro país diversos intentos por reglamentar la convivencia nacional en un texto constitucional único.

La característica fundamental de este proceso histórico, es que todas las Constituciones que rigieron a Chile emanan de la elaboración de grupos minoritarios y de elite, principalmente formados por ciudadanos partidarios del gobierno.  Esta es una constante que se repite desde 1811 hasta la Constitución de 1980.

Analizamos la etapa histórica inicial de la República.

Esta etapa de la historia política y constitucional ha sido considerada como un período de “ensayos constitucionales” o de “organización de la República”. Con la Constitución de 1833 se organiza el Estado en armonía con las necesidades de la sociedad y se abre un período de estabilidad institucional importante que dura casi un siglo. En el siglo XX, la Constitución de 1925 consagra un régimen presidencialista puro y otorga al Estado un rol importante en el desarrollo económico y social del país.

Etapa de los ensayos constitucionales en Chile.

Posterior al establecimiento de la primera Junta de Gobierno de 1810, en el período conocido como la Patria Vieja, surgen algunas normativas de carácter temporal, mientras se encuentra cautivo el Rey de España, Fernando VII.  Cabe destacar que, desde el punto de vista estrictamente político y constitucional, los ensayos aquí reseñados no significaban una ruptura con el dominio español sobre la colonia chilena.

Estos tres ensayos fueron elaborados por algunos pocos individuos ilustrados, que habían conocido la Constitución americana de 1766 y textos españoles.

Estas son :

Al año siguiente de haberse establecido la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de Septiembre de 1810, se dictó el primer reglamento constitucional, denominado Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Provisoria de 1811.

Ese texto establecía un Ejecutivo colegiado de tres miembros y un Congreso unicameral, el cual tenía facultades propias del Ejecutivo como el Patronato Eclesiástico, el manejo de las relaciones exteriores, el mando de tropas, entre otros. Un golpe militar, el 15 de noviembre de 1811, pone término a este reglamento.

Aprobado por la Junta de Gobierno, el Reglamento Constitucional de 1812 establece un Ejecutivo a cargo de tres personas, un Legislativo unicameral (Senado Consultivo) y se reconoce la autoridad del Rey de España.

El Reglamento Constitucional Provisorio de 1814 fue promulgado a fines de la Patria Vieja, orientado principalmente a instaurar el título de Director Supremo con amplias facultades, en gran parte influenciado por la guerra de la independencia. Su cargo tenía una duración de 18 meses, al término de los cuales quedaba sujeto a juicio de residencia y en caso de enfermedad o ausencia sería reemplazado por el Intendente de Santiago. Con este reglamento, el Senado perdió su carácter representativo, transformándose en un organismo meramente consultivo.

Con la proclamación y jura de la independencia nacional el 12 de febrero de 1818 en Santiago, se dio inicio a una nueva etapa para Chile: la Patria Nueva. Varios gobiernos hasta 1830 ensayan normas que regulen la convivencia de los chilenos a través de diversos textos constitucionales. Estos son:

  • Constitución Provisoria de 1818
  • Constitución Política de 1822
  • Constitución Política de 1823
  • Proyecto Constitucional de 1826
  • Constitución Política de 1828

Con la declaración de la independencia en 1818, el Director Supremo, Bernardo O’Higgins, nombra una Comisión Constituyente con el propósito de redactar un Proyecto Constitucional. Este texto fue promulgado después de un plebiscito realizado entre los ciudadanos varones mayores de edad, propietarios de algún bien inmueble y habitantes del territorio nacional entre las localidades de Copiapó y Cauquenes.

La Constitución Provisoria de 1818, la primera Carta Fundamental de nuestro país, consagra el principio de soberanía nacional en cuanto la Nación tiene la facultad de instalar su gobierno y dictar las leyes que lo han de regir. El país queda dividido en tres provincias: Coquimbo, Santiago y Concepción; se reconoce la separación de poderes; el Poder Ejecutivo es ejercido por el Director Supremo con amplias atribuciones; el Poder Legislativo está conformado por un Senado con cinco vocales designados por el Director Supremo, y cuya función era velar por la observancia de la Constitución y las leyes, y el Poder Judicial fue entregado a un Supremo Tribunal Judiciario y a una Corte de Apelaciones y juzgados subalternos.

Cuatro años más tarde, surge la Constitución de 1822 en reemplazo de la de 1818. En la redacción de este texto se trata de adaptar a la nueva forma de gobierno semi-republicano la Constitución de Cádiz de 1812, además de algunas disposiciones de la Constitución de 1818. Plantea que el Gobierno de Chile será siempre representativo, compuesto por tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Consagra las garantías individuales y declara que todos los chilenos son iguales ante la ley sin distinción de rango o privilegio, entre otros.

Lo novedoso de este texto constitucional para el Legislativo es la adopción de un sistema bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. Los diputados se elegían por cada 15 mil habitantes aproximadamente y la Cámara de Senadores, que no era lectiva, la componían distintas personalidades del mundo político, religioso y cultural como los ex directores supremos, los miembros de la Corte de Representantes, los ministros de Estado, entre otros.

La Constitución Política de 1823 se promulga posterior a la abdicación de O’Higgins. Su principal redactor es Juan Egaña, quien preside la comisión designada por el Congreso Constituyente.

Esta es la primera vez en la historia política de Chile que se establece un congreso constituyente, es decir, una asamblea de parlamentarios elegidos por la ciudadanía, con el exclusivo propósito de elaborar una carta constitucional.

En este texto se declaran los derechos fundamentales y sus garantías, la soberanía nacional, la separación de poderes, entre otros. Sin embargo, la complejidad de las instituciones que en ella se establecen y el procedimiento engorroso determinado para la tramitación de las leyes, como la intención de pretender reglamentar y valorar el comportamiento incluso privado de los ciudadanos, hacen imposible ponerla en práctica. De allí que será conocida como la Constitución “moralista” de Egaña.

El Proyecto Constitucional de 1826 tiene sus orígenes en las ideas del federalismo propiciadas por José Miguel Infante, gracias a los logros obtenidos por Estados Unidos de Norteamérica; los celos de Coquimbo y Concepción frente a la hegemonía santiaguina, y en las leyes federales dictadas por el Congreso en 1826, que dividían al país en ocho provincias, dotadas cada una de asambleas provinciales y con un intendente designado por las municipalidades respectivas. Sin embargo, este proyecto federalista no prosperó, debido a la escasez de recursos propios de cada provincia y a la falta de facultades concedidas al Ejecutivo. A lo anterior se sumó la autodisolución del Congreso, lo cual generó inestabilidad política.

En 1828 se forma un Congreso Constituyente (por segunda vez) acordando que la forma de gobierno fuera la “popular representativa republicana”. Se designa una comisión encargada de redactar un proyecto constitucional, que en la práctica queda encargada al literato liberal español José Joaquín de Mora.

La Constitución de 1828 fue promulgada el 8 de agosto del mismo año y pretendía ser equidistante entre el fracasado esquema federalista y el autoritarismo centralizador que propiciaban algunos “pelucones” y “estanqueros”. Por primera vez en un texto constitucional se utiliza la denominación “Presidente de la República” para el Ejecutivo y se establece la institución del Vicepresidente. El Poder Legislativo reside en dos Cámaras: Senado y Cámara de Diputados. El Poder Judicial queda integrado por ministros de la Corte Suprema de Justicia, nombrados por el Congreso, y los jueces designados por el Ejecutivo. Esta Constitución fue la más completa a la fecha de su promulgación y superior a todas las anteriores, aunque como aquéllas, no respondía a la realidad social y cultural del país.

En todo caso, sus disposiciones esenciales fueron la base para la Constitución Política de 1833.

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Fundamentos para una nueva Constitución de la República – Documento propuesta para el diálogo ciudadano

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PREFACIO.

Este documento propone una matriz de conceptos para el debate ciudadano en el proceso constituyente, poniendo de relieve, un conjunto de principios y valores, deberes, derechos, garantías y responsabilidades, e instituciones del Estado que debieran formar parte de la nueva Constitución.

La Presidenta Bachelet ha planteado sobre este proceso: “Chile  ha iniciado este proceso para construir una Constitución Política, aquello que hemos denominado “una casa común”, que todos podamos sentir como propia y que reflejemos lo que hoy somos como país, pero también lo que queremos para el futuro. Y tenemos, entonces, una posibilidad histórica: todos y todas, sin exclusión, estamos invitados a definir las normas esenciales que queremos que rijan nuestra convivencia, los derechos y también los deberes que todos compartimos.”

Esta minuta de discusión presenta tres capítulos:

  1. Principios y valores fundamentales de la nueva Constitución.
  2. Derechos, garantías, deberes y responsabilidades
  3. Instituciones del Estado.

Cada uno de los conceptos aquí planteados están abiertos a la discusión, al debate, al análisis y nuestro propósito es proponer una guía conceptual para ese dialogo ciudadano.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, abril de 2016.

 

I.- PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES.

DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA.

La dignidad de la persona humana es el valor fundante de la sociedad, a la que la Constitución y las leyes le reconocen y garantizan derechos, deberes y responsabilidades. La dignidad humana es el derecho que tienen todos los seres humanos, de ser respetados y valorados como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona.

 

SOBERANÍA POPULAR.

La soberanía nacional reside en el pueblo, bajo la forma de un poder constituyente originario del cual emanan la Constitución y todos los demás poderes del Estado.

El pueblo como poder constituyente originario delega parcial y provisoriamente el ejercicio del poder político en autoridades elegidas conforme a las reglas del Estado de Derecho y conserva su derecho a participar activamente en la vida pública.   El poder constituyente originario del pueblo se expresa en instituciones y mecanismos establecidos por la Constitución.

 

LEGALIDAD.

Todas las instituciones y órganos del Estado se someten al imperio de la ley.  Ninguna institución está por encima de la Constitución y de la ley.

La ley emana de los órganos establecidos en la Constitución y expresa la voluntad ciudadana y el bien común.

 

IGUALDAD ANTE LA LEY.

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

El principio de la igualdad ante la ley se expresa también en el plano territorial de manera que el Estado debe velar por disminuir las brechas de desigualdad territorial que afectan a los distintas regiones del país.

 

ESTADO DE DERECHO.

La nueva Constitución inscribe a la República en el marco del Estado de Derecho, cuyos principios fundamentales son:

Sufragio universal mediante el voto libre, unipersonal, secreto e informado.

Poderes del Estado distintos y autónomos.

Pleno ejercicio de las libertades cívicas y garantías constitucionales.

Libertad de organización y de movimiento dentro del territorio nacional.

Libertad de prensa, de expresión y de información.

Plena subordinación de las Fuerzas Armadas a la Constitución y a las autoridades civiles legítimas y establecidas.

 

BIEN COMUN.

El Estado se rige por el principio del interés general entendido como el fundamento legítimo de la norma y de las decisiones de las autoridades conforme al bien común de toda la nación. El Estado es el garante del bien común.  El bien común es el fin propio y objetivo del Estado y consiste en el conjunto de condiciones para que todas las personas puedan vivir solidariamente en libertad, en paz y en justicia.

 

DERECHOS HUMANOS.

La doctrina universal de los derechos humanos es un patrimonio de la Humanidad y la Constitución inscribe esos valores en el conjunto de libertades y garantías constitucionales y legales e incorpora los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile.

 

EQUIDAD.

Todas las normas, decisiones y actuaciones de los órganos del Estado apuntan a garantizar la equidad, entendida como la justicia puesta al servicio del bien común.

En este marco, el Estado debe garantizar la realización de los principios de la equidad de género y la equidad territorial.

 

PLURICULTURALIDAD.

En la sociedad chilena coexisten distintas culturas e identidades, de manera que el Estado debe reconocer y garantizar que las distintas expresiones culturales e identitarias especialmente de los pueblos originarios se expresen y participen del pleno ejercicio de la ciudadanía y de la protección de la ley.

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El diseño de las Políticas Públicas – Materiales de estudio

Las políticas públicas son la principal herramienta a través de la cual el Estado y los servicios públicos realizan la gestión pública e intervienen para resolver las necesidades, urgencias, problemas y demandas de la ciudadanía.

En América Latina, hemos de reconocerlo, tenemos en general una clase política para la cual palabras como gestión, procesos, sistemas, control de gestión y evaluación no están en su léxico, son como esotéricas. No hay nada que les pueda ser más remoto.

Para entender qué son las políticas públicas, es necesario diferenciar dos conceptos que en nuestro idioma no tienen traducción exacta: Politics (política), policies (políticas). El primero es entendido como las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con y por el gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos.

Aquí hablamos de política (en singular) –politics- cuando nos referimos a las relaciones de poder (objeto de estudio de la Ciencia Política); y políticas (plural) cuando nos refiramos a las políticas públicas –policies, policy-. Esta es la clave conceptual para diferenciar la Ciencia Política (Political Sciences), de la Ciencia de las Políticas (Policy Sciences). No obstante existe la política de las políticas públicas, que son las relaciones de poder en el proceso de las acciones de gobierno con la sociedad.

Lo anterior es aplicable a los diferentes sectores: política educativa, políticas educativas; política cultural, políticas culturales, política social, políticas sociales; etc. también podemos hablar de las relaciones de poder de algún sector: la política de las políticas económicas, la política de las políticas ambientales, etc.

Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son “el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores públicos al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforma mediante un conjunto de decisiones y la elección entre alternativas” (Aguilar, 2003a:25).

En el estudio de la Ciencia Política se pone el acento en el juego de poder que constituye el entramado del proceso político.  En el estudio de las Políticas Públicas se pone el acento en los procesos de toma de decisiones que resultan en el conjunto de acciones del aparato público.

Las políticas se entienden como una declaración de intenciones, una declaración de metas y objetivos. Para Pressman y Wildavsky: “las políticas son una cadena causal entre las condiciones iniciales y las futuras consecuencias: si X, entonces Y” (Pressman y Wildavsky citado en Aguilar, 2000:44). Es decir, las políticas públicas son hipótesis, v.gr: si implementamos éste curso de acción (X), tendremos estas metas y objetivos cumplidos (Y)

Las políticas son cursos de acción destinados a la solución de problemas, donde inclusive el no hacer nada es una acción que se tiene que tomar en consideración y poner en práctica o no. Para (Rose, 1967; Pressman y Wildavsky, 1973), las políticas denotan también las intenciones de las fuerzas políticas, particularmente las intenciones de los gobernantes, las consecuencias de sus actos; tiende a significar intenciones más que consecuencias. Las políticas se convierte en el resultado de una serie de decisiones y acciones de numerosos actores políticos y gubernamentales (Rose, Pressman y Wildavsky, citados en Aguilar, 2003a:25).

LOS ORÍGENES DEL CONCEPTO DE POLÍTICA PÚBLICA.

Harold Laswell, es el principal referente teórico en Occidente en la materia sobre ciencias de políticas, define en los años cincuenta a la política pública como: “…disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas…, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de gobiernos democráticos”, veinte años después en 1971 agregaría un punto crucial en la definición: “el conocimiento del proceso de decisión y el conocimiento en el proceso de decisión”.

Lo primero referido a las habilidades profesionales necesarias para participar en la toma de decisiones públicas (conocer el proceso de decisión de la política) y lo segundo referido a las habilidades científicas requeridas para contribuir a la invención de una teoría y práctica confiables (incorporar datos y teoremas de las ciencias en el proceso de decisión de la política con el propósito de mejorar la decisión pública). Es decir, había una diferencia entre ciencia para comprender (conocimiento del proceso de decisión) y ciencia para decidir (conocimiento en el proceso de decisión). Esta diferencia desarrolló dos tendencias de las políticas públicas: el policy studies (estudios de políticas) y el policy analysis (análisis de políticas).

Cuando se habla de política pública se hace alusión a los procesos, decisiones, resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción y entre diferentes perspectivas evaluadoras, estamos pues ante un panorama lleno de poderes en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opiniones y cursos de acción específicos.

Para los franceses Yves, Mény y Jean Claude Thoening, el estudio de las políticas públicas, no es otra cosa que el estudio de la acción de las autoridades públicas. “Otro uso del término política distingue lo que los ingleses designan con la palabra policy, ya sea un marco de orientación para la acción, un programa o una perspectiva de actividad. Así se dice que un gobierno tiene una política económica, o sea que realizan un conjunto de intervenciones, que elige hacer o no hacer ciertas cosas en un campo específico, en este caso, la economía. Es en este último sentido en el que cabe hablar claramente de política pública; es decir, de los actos y de los “no actos comprometidos” de una autoridad pública frente a un problema o sector relevante de su competencia”.(Meny y Thoening, 1992: 89)

La ciencia tradicional consideraba, en los años cincuenta y sesenta, que las Políticas Públicas (policies) eran variables dependientes de la actividad Política (politics) (Roth, 2006:13-14). Se presuponía que las políticas no eran más que el resultado, el producto, la consecuencia, de los gobernantes o de quienes estaban representados en el sistema mediante los partidos políticos. Es decir, las políticas eran las decisiones de los gobernantes para la solución de un problema en particular, y que solo eran realizadas para legitimar su poder ante los gobernados.

Una política pública no es cualquier acción del gobierno, que puede ser singular y pasajera, en respuesta a particulares circunstancias políticas o demandas sociales. Dicho de otra manera, lo específico y peculiar de la política pública consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés / beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente (con las correcciones marginales necesarias), en correspondencia con el cumplimientos de funciones públicas que son de naturaleza permanente o con la atención de problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida. La estructura estable de sus acciones, que se reproduce durante un cierto tiempo, es lo esencial y específico de ese conjunto de acciones de gobierno que llamamos política pública.

BREVE BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA.

Aquí compartimos un conjunto de materiales de estudio, para el proceso de diseño de una política pública.

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS – CHARLES LINDBLOM.

Probablemente uno de los autores más influyentes desde la década de los 90 en el campo de las Políticas Públicas.  Charles Lindblom pertenece a la cultura política anglosajona, pero ofrece una visión multidisciplinaria para comprender cómo se diseñan y formulan las políticas públicas.

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MANUAL DE LA OCDE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS, IDEAS PARA AMERICA LATINA.

Este manual permite comprender la lógica institucional dentro de la que se mueve el proceso de diseño de las políticas públicas.

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Descripción general del proceso de formulación de las políticas públicas.

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LA FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

Una novedad este manual.  El enfoque de DDHH es poco utilizado en América Latina, por lo que este manual innova y presenta una perspectiva diferente en el diseño de políticas públicas.

FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS Y PROYECTOS DESARROLLO CON ENFOQUE DDHH

Cultura de coalición

QUÉ SON LAS COALICIONES POLÍTICAS.

Una coalición política, generalmente constituida por partidos y movimientos políticos y sociales, con algun grado de organicidad y de despliegue territorial, puede ser considerado -desde la perspectiva de la escuela realista de la Ciencia Política y en el marco de los sistemas políticos modernos- como un actor político complejo que opera en el escenario político, social y comunicacional para obtener o mantener el poder sobre la base del despliegue de determinadas estrategias y tácticas, en función de determinados intereses políticos, sociales y económicos.

Este ensayo tiene por objeto analizar, desde la perspectiva de la escuela realista de la Ciencia Política, algunos conceptos relativos al comportamiento de las coaliciones políticas en los sistemas políticos modernos.  El énfasis analítico ha sido puesto en las coyunturas de crisis, como escenarios de base donde cada coalición desempeña un rol determinado.

El enfoque realista de la Ciencia Política parte de la premisa -entre otras- que cada actor en el escenario (o en el sistema) toma sus decisiones y actúa en función de constantes cálculos y estimaciones de costo-beneficio político, a partir de ciertos intereses que explican sus conductas.

Manuel Luis Rodríguez U.

Punta Arenas – Magallanes, verano de 2016.

LAS COALICIONES COMO ACTORES POLÍTICOS COMPLEJOS.

Cada partido político -entendido como un actor individual al interior de un conglomerado- juega en el proceso de la coalición partiendo de la premisa que apuesta a que sobre la base de procesos de toma de decisiones comunes y compartidas, los demás actores (partidos) actuarán respetando los compromisos adoptados, se apoyarán mutuamente y obtendrán de tal acuerdo-compromiso, beneficios también comunes y proporcionalmente compartidos, en función delesfuerzo colectivo de la coalición, que se entiende siempre como cualitativamente superior a la suma aritmética de los esfuerzos “individuales” de cada partido en particular.

En efecto, las coaliciones políticas no son solamente la suma de dos o más partidos y sus capitales electorales respectivos, sino que representan un valor cualitativo que tiende a superar -política y electoralmente- las matemáticas de los votos y de los puestos de poder.

Esta suma cualitativa que cristaliza al interior de las coaliciones políticas tiende también a producir un efecto de aglomeración que conduce a cerrar los límites del conglomerado: cuando cada una de las fuerzas constitutivas de la coalición conoce sus fuerzas y debilidades, procura acrecentar sus ventajas y disminuir sus desventajas evitando que ingresen nuevos actores al conglomerado. Las coaliciones así, se cierran.

Cada uno de los actores de la coalición -una vez ésta constituida e instalada en la lógica de poder del sistema político- continúa participando del “juego de la coalición”: los ganadores porque se sienten estimulados a seguir ganando cada vez más poder e influencia, y los perdedores porque se sienten estimulados a seguir intentandolo hasta lograr ganar.  En esta dinámica político-electoral de la coalición, no todos resultan ganando todo, ni todos pierden todo: algunos no ganan tanto como deseaban, y otros no pierden tanto como para querer abandonar el juego.

En las coaliciones políticas modernas no existe el juego de suma cero.

En ellas se instala una suerte de balance del poder intra-coalición en que se reparten proporcionalmente sus respectivas cuotas de poder, cada una de las cuales es aceptada y reconocida por los demas actores del conglomerado.  Cuando este balance de poder interno deja de ser reconocido por uno o varios de los actores, la coalición se encamina a un crisis.

La fuerza constitutiva de las coaliciones es el conjunto de valores políticos e identitarios,  estilos de hacer política, significados, reglas y procedimientos, programas y definiciones de política, influencia, poder e intereses que comparten todos los actores que la componen.

Estas son y funcionan, en definitiva, como  las razones profundas que operan en la continuidad y supervivencia de las coaliciones políticas, del mismo modo como el deterioro de estos elementos indica que la coalición apunta hacia su crisis final.

Las lealtades intra-coalición, que en la práctica resultan ser las conductas visibles y políticas de los líderes y dirigentes de cada uno de los partidos y movimientos en relación con los demás actores que la componen e integran, pueden ser así consideradas como estilos comportamentales decisivos a la hora de dimensionar los niveles de confianza y de confiabilidad que albergan cada sector político respecto de los demás actores de la coalición.

Las lealtades básicas son las que constituyen (metafóricamente) el “cemento” que mantiene el edificio.

Siempre desde la perspectiva realista, cabe subrayar que el poder es uno de los factores fundamentales de cohesión de las coaliciones políticas, en tanto en cuanto, el poder hace posible ejercer la influencia, acrecentar la presencia y fortalecer el prestigio de la coalición y de cada uno de sus actores componentes.    En todo sistema político moderno, se entiende que las coaliciones operan y se mueven en función del poder, ya sea para alcanzarlo o para mantenerlo.

En última instancia, el realismo de las coaliciones políticas es que a la conquista y la mantención del poder, se suma la propia dinámica acumulativa del prestigio y de la percepción ganadora que todo triunfo produce en la ciudadanía, del mismo modo como la derrota genera una espiral deteriorante de acusaciones y recriminaciones mutuas que tienden a minar la cohesión básica del conglomerado y a multiplicar los efectos subjetivos de la pérdida.

FUERZAS CENTRÍFUGAS Y FUERZAS CENTRÍPETAS.

Las coaliciones como actores políticos actúan como conglomerados sometidos a dinámicas caracterizadas por la expansión y la contracción, por el ascenso en la escala del poder y la influencia y por el deterioro.  Dos son las dinámicas que analizaremos en este ensayo: la tendencia centrífuga y la tendencia centrípeta al interior de las coaliciones políticas.

La tendencia centrífuga se refiere a un proceso por el cual se producen -tanto por factores internos como externos- una corriente de eventos que apuntan hacia un relativo y creciente distanciamiento entre los actores políticos de la coalición, y un deterioro de los factores de unidad y cohesión que los caracterizaban anteriormente.

Alternativamente, la tendencia centrípeta se refiere al proceso en el que tanto factores internos y externos favorecen la cohesión y la unidad de propósitos de  todos los partidos que componen la coalición.

Una coalición históricamente opositora (es decir, aquel conglomerado que haya permanecido gran parte de su existencia en las filas de la oposición, dentro de un sistema político democrático) pudiera entrar en crisis, si los mismos factores que la cohesionaron no explican que acceda al poder, deteriorandose las confianzas y lealtades desencadenadas por el ejercicio del poder.  Así también una coalición históricamente gubernamental, pudiera entrar en crisis si el propio ejercicio del poder la conduce a la derrota por agotamiento de proyecto o porque las disensiones intra-coalición son más fuertes que los intereses que los unificaban o porque alguno de los actores apuestan a jugar en los límites del conglomerado,  en busca del poder que ya no cree obtener dentro de éste.

Cuando las deslealtades prevalecen, no hay coalición que pueda continuar.

Pero al mismo tiempo, existe una espiral ganadora, según la cual una coalición historicamente opositora pudiera verse fortalecida en su rol opositor en la medida en que interprete los intereses y demandas ciudadanas, y acceder al poder unificada por tal legitimidad, así como una coalición historicamente gubernamental pudiera superar crisis y ataques, precisamente porque su ejercicio del poder revalida periodicamente su legitimidad ante los ciudadanos.

Como hemos visto, en consecuencia, el enfoque realista de la Ciencia Política presupone asumir que en política, los actores deciden y se mueven en base a determinados intereses, al cálculo de sus posibilidades, al propósito de maximizar sus éxitos y disminuir sus pérdidas y a la búsqueda incesante del poder, la hegemonía y la dominación, más allá de las retóricas y los enunciados que justifican las conductas y las prácticas políticas.

LAS LEALTADES QUE CONSOLIDAN COALICIONES.

Lo que caracteriza a las coaliciones políticas en las democracias modernas, es su capacidad de perdurar en el tiempo, a pesar de los vaivenes y viscisitudes del cuadro político.

¿Qué es lo que garantiza la supervivencia de las coaliciones políticas?

En términos generales de la Teoría Política, la duración de las coaliciones políticas depende tanto del éxito del gobierno al que respaldan, como de la capacidad organizacional para procesar las diferencias y conflictos internos y para movilizar a la ciudadanía y a los públicos tras las metas y sentidos del programa común.

La capacidad para procesar diferencias y conflictos, es esencial y crítica para la supervivencia y continuidad del conglomerado: supone generar estructuras estables de consenso y mecanismos comunes y aceptados de resolución de las diferencias y conflictos surgidos entre los partidos, dentro de los distintos sectores y tendencias internas de cada partido y entre las autoridades de gobierno y los partidos de la coalición.

El éxito del propio gobierno depende de la capacidad de gestión eficiente del aparato administrativo político para procesar las demandas de la ciudadanía, para cumplir con los compromisos programáticos asumidos en las elecciones y de la disposición de los partidos de la coalición gobernante para servir de apoyo leal y constante a la gestión de gobierno.  El sentido de pertenencia de dirigentes y militantes de la coalición de gobierno se orienta por la voluntad de perdurar en el tiempo.

En el fondo de la psicología política de las coaliciones, lo que hace posible la supervivencia de estos conglomerados, es el sentido de la lealtad que cohesiona a todos, que otorga sentido de pertenencia a unos y otros y que le dan unidad y cohesión para enfrentar elecciones y crisis políticas.

FUENTES Y REFERENCIAS.

Kaplan, M., Burns, A., Quandt, R.: Theoretical  Analysis of  Balance of Power.Behavioral Science. Nr. 5 (1960), pp. 240-252.

Riker, W.H.: The Theory of Political Coalitions. Westport, 1962.  The Yale University Press.

Duncan Luce, R., Raiffa, H.: Games and Decisions. N. York, 1957. Ed. John Wiley.

Ciencia Política y Política Pública para la ciudadanía del siglo XXI

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