Una nueva Constitución Política para el Chile del siglo XXI

LOS PARÁMETROS DEL DEBATE POLÍTICO ACERCA DE LA CONSTITUCION.

El nudo gordiano de la política chilena, el punto crucial del desarrollo político e institucional en el Chile del presente, se encuentra en la Constitución Política de 1980.

Marco jurídico superior instaurado bajo la doctrina de la seguridad nacional y articulado como un conjunto institucional de conservación del sistema económico neoliberal y de un orden político con un Estado centralizado y un régimen político presidencialista y vertical, la Constitución Política de 1980, cualquiera hayan sido los adornos  y retoques de que ha sido objeto en los largos años de la transición política chilena, sigue siendo el modelo político y jurídico de un sistema institucional de corte autoritario, centralizado y que desconfía de la ciudadanía.  La Constitución de 1980 nunca dejará de adolescer de su peor “pecado original”: la de haber sido la hechura preferida de la dictadura más prolongada y violenta de la historia política de Chile.

La Constitución de 1980, defendida a ultranza por los sectores políticos mas conservadores del sistema, se ha constituido en el factor clave de la exclusión de distintos sectores y segmentos de la ciudadanía, en el modelo de reducción del rol económico y estratégico del Estado y en el factor decisivo en la configuración de poderes que, operando bajo una lógica democrática, deben actuar dentro de límites restringidos.  La democracia no es el resultado de la Constitución de 1980, sino que la consecuencia del triunfo ciudadano de 1988 (el plebiscito de octubre de 1988 estaba en realidad en manos de la decisión política del dictador), a pesar y no obstante la Constitución vigente.

Pero a medida que ha transcurrido el tiempo de su vigencia, la percepción de que este marco constitucional contiene nudos conservadores y trabas objetivas a la evolución democrática de la sociedad, ha ido creciendo lentamente, primero en la ciudadanía y después en los actores políticos.

El debate constitucional vuelve a generar un campo de debate público, académico y político, en que se separan por un lado, quienes postulan la necesidad de defender el sistema en su estado actual, bajo el argumento de la estabilidad institucional, y por el otro, quienes postulan la necesidad de cambiar el marco constitucional en nombre del perfeccionamiento de la democracia y de la incorporación de herramientas cada vez más participativas dentro de una democracia representativa que presenta crecientes carencias.

Entre estos dos campos del debate político y constitucional, es previsible el surgimiento de un tercer campo, orientado hacia la regulación y la gradualidad de los cambios, hacia la mediación y la búsqueda de puntos de equilibrio que permitan que el cambio constitucional no genere climas o coyunturas de inestabilidad e ingobernabilidad.

La estabilidad que ha caracterizado al sistema político chileno desde 1990 en adelante ¿puede atribuirse a la estructura institucional fijada por la Constitución?  Muy probablemente no, ya que la serie de a lo menos diez reformas constitucionales que han tenido lugar desde 1989 en adelante -la Constitución de 1980 va a cumplir 30 años en dos años mas- indican que este cuerpo jurídico ha tenido que ser modificado, reformado, ajustado, adaptado a los imperativos de una democracia que se hace gradualmente más inclusiva en una sociedad en plena mutación cultural y social.

Pero es necesario reconocer que la estabilidad de las instituciones -que sirve de argumento a la retórica conservadora en el Chile político de hoy- encuentra su razón profunda en la forma de hacer política y en la cultura política de los actores principales del sistema y no en la arquitectura de las instituciones consagradas por la Constitución.   Esta carta constitucional nació dotada de una serie de estructuras e instituciones francamente autoritarias como el Tribunal Constitucional, los senadores designados, las proscripciones ideológicas, la incapacidad presidencial para cambiar a los Comandantes de las FF.AA., la tutela militar deliberada de las FF.AA. y consagrada a través del Consejo de Seguridad Nacional, y han sido las fuerzas democráticas las que han ido “recortando” gradualmente en el texto original, estas excrecencias autoritarias incompatibles con una sociedad que se democratiza.

Aún así, el texto constitucional sigue siendo democráticamente imperfecto.

BREVE SCANNER AL MODELO CONSTITUCIONAL CHILENO

Los defectos y carencias del sistema institucional chileno han sido suficientemente diagnosticados por intelectuales, universidades y otros centros de reflexión, ademas del propio Congreso Nacional.  El Grupo de Estudios Constitucionales por allá por 1980 -por nombrar a algunos actores relevantes- ya había advertido de estas deficiencias inherentes al sistema.

El tema constitucional está esperando a la clase política chilena.  La necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución bien podría ser uno de los temas claves de la próxima campaña presidencial chilena de 2009, toda vez que la mayoría de los principales partidos políticos democráticos del país, han postulado su modificación o su reemplazo: el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Comunista y ahora recientemente la Central Unitaria de Trabajadores han planteado esta necesidad.

Y el mecanismo de su transformación debiera ser precisamente una oportunidad histórica para que esa nueva Constitución que el Chile del siglo XXI necesita, resulte de un vasto movimiento de consulta y expresión ciudadana.

Trátase de un estatuto constitucional articulado en torno a órganos de poder hechos y articulados de manera de generar trabas institucionales casi insalvables al cambio y al perfeccionamiento.  Fue un traje jurídico fabricado bajo la creencia de la perfección, para que dure por varios decenios.

Estamos en presencia de una carta personalista, de poderes centralizados, que desconfía de las herramientas de consulta o de participación ciudadana y que opera, con una eficiencia envidiable, como una herramienta jurídica de control y de resistencia al  ejercicio de la democracia ciudadana, y como un complejo institucional de conservación de un determinado sistema económico, político y social de dominación.  Aquí el neoliberalismo doctrinario y el conservadurismo ideológico han sido elevados dogmáticamente al nivel jurídico constitucional.

UN CAMINO POLITICO Y CIUDADANO HACIA UNA NUEVA CONSTITUCION

Al revés de lo ha sucedido con las Constituciones de 1833, 1925 y 1980, que fueron elaboradas por comisiones de estudio limitadas y encerradas y que fueron aprobadas sobre la base de plebiscitos constitucionales altamente controlados, cuando no abiertamente manipulados como ocurrió durante la dictadura militar reciente en 1980, la legitimidad de la  nueva carta fundamental provendrá del rol activo, participativo, crítico y dinámico que la ciudadanía tenga en su elaboración y en su ratificación.

Las constituciones anteriores en la historia constitucional de Chile, en particular las de 1833, 1925 y 1980 en definitiva lograron los niveles de legitimidad y de aceptación de que se vieron rodeadas a lo largo del tiempo, más como consecuencia de la situación política e institucional de hecho desde la que surgieron, antes que del respaldo ciudadano.  El régimen político en Chile evita todo lo posible el vacío de poder y la inestabilidad que pueda conducir a la ingobernabilidad.

Este es además un orden político presidencial y estructurado en función de un conjunto de organos del Estado y de poder unipersonales y dotados de poderosas atribuciones, órganos que se acompañan de estructuras colegiadas o colectivas debiles o con muchas menos atribuciones.  Desde un Presidente de la República acompañado por un poder legislativo con reducidas atribuciones, hasta los Intendentes Regionales al lado de Consejos Regionales y los Alcaldes municipales junto a Concejos de escasa capacidad resolutiva, el  sistema político chileno se asemeja a una serie de pirámides institucionales superpuestas  que dan preeminencia  a las autoridades unipersonales por encima de los órganos colegiados.

Este sistema puede ser cambiado.

Se requiere de voluntad política y del coraje político de atreverse a emprender el cambio.

Un modelo de calendario en que la ciudadanía reflexiona, analizar, discute y resuelve un primer texto que debiera ser después objeto de estudio en una Asamblea Constituyente elegida mediante el sufragio universal, proceso constituyente que puede concluir con un plebiscito de ratificación, nos parece la fórmula más pluralista y democrática.

Se trata entonces de tres pasos políticos e institucionales consecutivos: 1º una fase de consulta y debate ciudadano para resolver un primer borrador constitucional, que concluye con la elección universal de una Asamblea Constituyente; 2º una fase de análisis en una Asamblea Constituyente la que resuelve un texto borrador final que se ratifica por la ciudadanía; y 3º un plebiscito constitucional en el que la ciudadanía ratifica universalmente el texto final de la nueva Constitución.

LAS ESTRUCTRURAS CLAVES DEL NUEVO MODELO CONSTITUCIONAL

Sin perjuicio de un análisis más detallado, nos parece que dos debieran ser los problemas de “reingeniería política e institucional” a resolver en el nuevo esquema constitucional: el del régimen político y el de la distribución territorial del poder.

El historial del sistema político chileno aparece atravesado por los distintos grados de presidencialismo, instaurado desde la fundación de la República en 1818.  La propia Constitución de 1818, obra de O’Higgins y de las circunstancias históricas de la guerra de la independencia, marca a fuego el presidencialismo chileno, acaso heredado del sistema colonial español, pero que prolongará su vida util hasta el presente. Un presidencialismo que reduce las atribuciones del Poder Legislativo, que concentra atribuciones políticas, ejecutivas, administrativas y legislativas en la figura omnipresente de un Presidente de la República que, al calor de las distintas personalidades que lo encarnan, puede llegar a asemejarse a un monarca constitucional y republicano semi-absoluto.

La cuestión crucial a resolver es entonces el paso de un régimen político presidencial a un régimen semi-parlamentario que, otorgando mayores facultades legislativas al poder Legislativo no paralize la acción unificadora del Ejecutivo.

El problema de las regiones y comunas en cambio, dice relación con las atribuciones, facultades y recursos de que éstas deben ser dotadas, para generar niveles mayores de autonomía regional y de descentralización de la administración del Estado.  La nueva Constitución debiera contener mayores rasgos de regionalismo y de descentralización territorial que posibiliten formas de autonomía compatibles con un Estado unitario.

Manuel Luis Rodríguez U.

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